SANTO DOMINGO – La Procuraduría General de la República aclaró este martes en la tarde que seguirá firme con su acusación contra los responsables del asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y pidió al tribunal citar a los familiares de la víctima, a fin de que se garantice su derecho a estar presentes en el proceso judicial.
La institución ofreció la información después que los familiares de Yuniol Ramírez decidieron no acudir al juicio que se está conociendo a los imputados en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Sigue diciendo el Ministerio Público que con el retiro de los familiares del proceso no sufre ningún revés, puesto que es un caso de acción pública, al tiempo de resaltar que los fiscales continúan firme con su acusación contra los imputados.
En la audiencia de hoy las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, Isabel Angélica Reyes Muñoz y Evelyn Rodríguez, aplazaron la audiencia para el próximo 24 de febrero, a las 9:00 de la mañana, para decidir sobre la unificación de los casos relativos al crimen y a los actos de corrupción en la OMSA.
El órgano de justicia representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusa por el crimen a Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, así como a José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
Dijo que el Ministerio Público solicitó al tribunal que sean citadas las víctimas, “ya que en su condición de víctimas debe de salvaguárdeseles el derecho que tienen a estar presentes en el proceso, y de no asistir para la próxima audiencia, entonces el tribunal estaría asumiendo el desistimiento de esta parte del proceso”.
El abogado Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.
El crimen ocurrió en octubre de 2017 y es vinculado con actos de corrupción administrativa en la gestión de Manuel Rivas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
