MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, dispuso arresto domiciliario contra decenas de 30 periodistas, opositores y activistas tras ser acusados de «traición a la patria» o alteración del orden público».
Las detenciones se produjeron la noche del miércoles en los departamentos de Managua, Rivas, Matagalpa, Chinandega, Madriz, Estelí, Granada, Jinotega y Chontales.
Fue una redada masiva que dejó al menos 40 personas detenidas, según calculan organismos de monitoreo de la oposición. Se trata de la mayor cifra de detenciones registrada en una sola jornada desde el operativo paramilitar de 2018 conocido como Operación Limpieza.
DELITOS EN FORMA EXPRESA
La zozobra reinó cuando los detenidos comenzaron a ser juzgados de forma exprés por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas, casi la mitad de los detenidos fueron enviados a arresto domiciliario con la obligación de firmar diariamente en la delegación policial más cercana de su localidad.
«Habló el Ministerio Público, que me acusaba por sedición, propagación de noticias falsas, exposición de personas al peligro y por atentar contra el Gobierno. Después nos dijeron que firmáramos un documento donde teníamos que presentarnos todos los días (ante la Justicia)», ha relatado el periodista William Aragón.
Entre los detenidos afectados por la ola de arrestos se encuentra también Teresa Mena, líder del movimiento campesino; Iliana Velásquez, excandidata a la alcaldía en el municipio de Terrabona o el defensor de los Derechos Humanos Harold Antonio González González.
Las detenciones se producen después de la celebración del 2 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las protestas de 2018 se alargaron durante meses y derivaron en una escalada represiva que se saldó en los años posteriores con más de 200 arrestos de personas contrarias a la tesis del Gobierno.
Ortega ha comenzado también una batalla contra las universidades, consideradas el símbolo de las protestas, imponiendo el cierre de decenas de ellas, lo que ha deteriorado la libertad académica. En los últimos meses, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
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