El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó hoy al presidente de la República para que aproveche la introducción al Congreso del Presupuesto Nacional, para incluir la eliminación gastos innecesarios, incluyendo el cofrecito, el barrilito y todos los demás fondos de carácter clientelar que se reparten anualmente, y que devienen en prácticas corruptas y antidemocráticas.
La organización de la sociedad civil señaló que la propuesta presupuestaria podría ser aprovechada para instruir al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, para que en el presupuesto del 2022 no aparezcan en el capítulo correspondiente al Poder Legislativo, las apropiaciones que permiten a los congresistas autoasignarse el cofrecito y el barrilito, así como las exoneraciones.
En sustitución de las exoneraciones, plantea que se asigne al Congreso Nacional una partida del Presupuesto destinada exclusivamente a la compra de vehículos para uso de los legisladores.
“En este caso, se le asignaría un monto que permita a ambas cámaras adquirir una flotilla de vehículos por valores congruentes con el uso racional del dinero público, de modo que a cada legislador se le asigne una unidad durante su período congresual, período al término del cual la cámara correspondiente podría venderlos para cambiarlos por unidades nuevas para los legisladores entrantes”, puntualizó la institución.
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En ese tenor, consideró que debería de establecerse una política que especifique el monto máximo por vehículo, tal como se establece para los funcionarios públicos.
Participación Ciudadana precisó, además, que cada cierto tiempo la opinión pública nacional es conmovida por escándalos de corrupción como los relativos a la distribución de dinero público a políticos mediante mecanismos como los llamados barrilitos, cofrecitos, asignaciones por Semana Santa, Navidad, Día de las Madres, etc. así como de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, por las cuales el Tesoro Nacional ha dejado de percibir miles de millones de pesos.
En el año 2010 Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley 57/96 ante la Suprema Corte de Justicia y luego en el 2012, una vez constituido el Tribunal Constitucional, le solicitó el conocimiento de dicho recurso de inconstitucionalidad.
