La Ley de Acceso a la Información Pública se concibió como uno de los más decisivos mecanismos para la transparencia de los actos de gobierno.
La muestra rige desde el 2004, pero si bien se consagra el derecho de todos los ciudadanos a recurrir a ella, son los periodistas los que figuran entre quienes más hacen uso de esta apertura.
No obstante, la experiencia periodística en este sentido no ha sido la más satisfactoria.
Todavía los entes públicos retrasan, parecería que deliberadamente, la entrega de las informaciones solicitadas, siempre que no pesen sobre ellas restricciones explícitas de la ley.
Aparte de retrasarlas, en muchos casos apuestan al cansancio del que las procura o, en los casos más usuales, ponen peros o pretextos para no entregar la información, como dispone la ley.
Con esa conducta, esos entes del gobierno están lastimando la libertad que tienen los periodistas y los demás ciudadanos de buscar, recibir y difundir informaciones, pilar de la democracia y, en este caso, de la propia Constitución.
A pesar de que en la mayoría de los países latinoamericanos existen estas leyes, pocos gobiernos las cumplen cabalmente.
Nuestro país las cumple, pero medianamente, lo cual es un aspecto que debe ser resuelto mediante un reajuste impostergable de esa ley.
Hacemos nuestra la propuesta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en favor de la creación de un mecanismo autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales que ejerza una función de control, socialización y difusión de este derecho.
De ese modo rodeamos de más garantías ese derecho ciudadano. Y a quien más convendría ese avance es a la misma democracia y al gobierno del presidente Luis Abinader, que ha estado sacando buenas notas en los últimos rankings de libertad de prensa.
Ojalá que el Presidente se esmere en hacer que los entes oficiales cumplan la ley adecuadamente, para no empañar las excelentes credenciales que ha obtenido, hasta el momento, en la creación de un mejor clima de libertades públicas.
