El hecho acontecido en Boca Chica, donde una joven arquitecta recibió un disparo mortal de un miembro activo de la policía nacional, pone en la palestra nuevamente la inseguridad ciudadana que causa el hecho de mantener una institución del Estado sin objetivos concretos.
Siendo que la creación de un órgano policial en cualquier Estado tiene como objetivo principal proteger la ciudadanía, es imposible lograr ese propósito con una institución creada para espiar, violentar y maltratar al ciudadano, como lo fue en sus orígenes la Policía Nacional actual.
Cada día nos vemos atrapados en noticias de tragedias familiares donde siempre hay de por medio miembros de la policía nacional. El hecho de que estén uniformados o vestidos de civil, no es un obstáculo para el ejercicio de la violencia de ese organismo. Esto se debe a que no hemos entendido que el origen de esa institución fue totalmente distinto a la finalidad que debe tener un cuerpo policial en un Estado Democrático.
Mientras no se logré entender que la Policía Nacional está viciada en su origen, será imposible para los ciudadanos creer en ese cuerpo grisáceo que enluta como su uniforme todos los días la familia dominicana.
En teoría la Policía Nacional tiene como finalidad «Preservar la vida, integridad física y moral de las personas. 2) Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mediante el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. 3) Prevenir los crímenes y delitos, entre otros» de conformidad con el artículo 13 de su ley orgánica 590-16 del 15 de julio del año 2016.
En la práctica la Policía Nacional se ha convertido en la organización mafioso más temida en la República Dominicana. De solo ver una patrulla policial, un policía pensionado o un miembro de ese órgano acercarse a tu vehículo, vivienda y negocio, para la ciudadanía es sinónimo de extorsión, violencia, muerte y destrucción de los derechos más elementales del ser humano.
Nos hemos pasado desde la salida del Dr. Joaquín Balaguer Ricardo de la presidencia, pidiendo a gritos una reforma de la Policía Nacional. Gobiernos tras gobiernos convocan a la ciudadanía, forman comisiones, dictan decretos, y todo se resume en palabras vacías, sin hechos concretos. Solo vemos en forma concreta, las muertes, extorsiones y actos vandálicos de los miembros de la Policía Nacional.
Quizás debemos ser menos trágicos y decir que en ese órgano hay hombres y mujeres buenas, sin embargo, ellos no son los que se visualizan. Los malos le han ganado en cantidad y calidad. Lo peor es que cada vez que sucede un hecho que trasciende más allá de las familias afectadas, entonces empezamos a gritar nuevamente por la reforma, una reforma que debe ser de exterminio de lo que existe y la creación de algo totalmente distinto y nuevo.
Son muchos los casos como el sucedido con el hijo de Alba Miriam Luciano, la cual denunció en el año 2016 que una patrulla policial ejecutó a su hijo menor con un disparo en la frente, pero la “uniformada” estableció que fue en un intercambio de disparos.
Si el ministerio público habría sometido a los miembros de la patrulla denunciados con nombres y apellidos, quizás no habría muerto un joven que se ofreció como testigo de que fue una ejecución, o en su defecto no habrían muerto en Villa Altagracia una pareja de jóvenes pastores.
Estas tragedias no son casuales, son los efectos de aquellas causas sin resolver. Por eso hemos estado insistiendo que solo cuando se aplican los correctivos y consecuencias a tiempo, podemos estar previniendo nuevos hechos fatales.
Así que no es sólo la Policía Nacional responsable de toda estás tragedias, también el Ministerio Público que no se preocupa por someter a los policías corruptos y violadores de los derechos humanos. Cuando nuestros actos no tienen las debidas consecuencias, la posibilidad de seguirlos cometiendo se acrecienta. No es el uniforme, es la formación de la Policía Nacional que está hecha para violentar los derechos de los ciudadanos.
