Presos preventivos talón de Aquiles de la Justicia 26 años después de la reforma
En los últimos 26 años el Sistema de Justicia no ha logrado resolver la situación de los presos preventivos ni la mora en el país, que aún permanece por encima del 61%, a pesar de los cuantiosos recursos que han invertido diferentes gobiernos.
Fue en septiembre del año 1997, cuando el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, tras ser designado en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y junto al procurador Abel Rodríguez del Orbe, anuncian los primeros operativos en busca de reducir el número de presos preventivos en las cárceles del país.
En septiembre del año 2000, el procurador general Virgilio Bello Rosa, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia también inició un programa para reducir la gran cantidad de presos preventivos, pero tampoco el mismo tuvo resultado.
Te puede interesar leer: El 61% presos cumple décadas sin ir a juicio
Para el año 2001, las cárceles eran terreno de nadie, al extremo que los presos se escondían para no asistir a los tribunales, según denuncia del entonces procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael Mejía Guerrero.
Durante este período las acciones y situaciones que ocurrían en las cárceles del país eran dramáticas, a tal punto que el 11 de enero del 2002, el presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Arturo Uribes Efres reclamó a las autoridades penitenciarias que tenía meses pidiendo 50 presos con procesos pendientes en los tribunales, pero no aparecían en ninguna de las 32 cárceles del país.
El reclamo de Uribes Efres motivó de inmediato que el director de Prisiones, José Persia, anunciara una investigación al respecto, pero la misma también terminó sin resultados.
La situación de los presos preventivos y el desorden en las cárceles, llevó el Poder Judicial y el Ministerio Público, representados por Subero Isa y Bello Rosa, respectivamente, en enero del 2002, a admitir las debilidades de ambas instituciones y a anunciar como medida inmediata que procederían a cancelar a los fiscales y jueces que no respondieran con los programas de reducción de los presos preventivos.
La advertencia tampoco dio resultados positivos y el número de presos preventivos subió en los últimos meses 15,000 a 16,400.
Días después, y en busca de retornar el orden en el sistema penitenciario y en los tribunales, se sustituyó al director de Prisiones de ese entonces, y se nombró en el cargo al general Miguel Mateo López.
La realidad de las cárceles dominicanas permaneció con pocos cambio para esa época y dos años después, el 20 de octubre del año 2004, el 69% de los presos seguían siendo preventivos, según un reporte de la Dirección de Prisiones. Esto es, que de 13,360 presos que habían en las cárceles, 9, 219 estaban preventivos.
El centro penitenciarios con mayor cantidad de preventivos estaba en Higüey, con el 95% de los internos preventivos, según el mismo reporte.
Nueve años después, llega a la SCJ, Mariano Germán Mejía, quien fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, en la sesión del 22 de diciembre 2011. Germán Mejía, quien estuvo en el cargo durante 7 años (2018), también implementó varios programas en coordinación con el Ministerio Público en busca de reducir los presos preventivos, pero sin resultados favorables.
Para el años 2009, el reverendo Arístides Jiménez Richardson, presidente de la Pastoral Penitenciaria, con más de 30 años ofreciendo servicio en las prisiones, consideraba que el problema del sistema penitenciario se debía a la corrupción, impunidad y el tráfico de influencias, el sectarismo, complicidades mafiosas y la resistencia a los cambios que existen en los tribunales, según sus consideraciones expresadas en un seminario sobre la Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe.
Mientras, el ex director de Prisiones y ex jefe de la Policía, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, apuntaba que los problemas del sistema penitenciarios radicaban en que en el Estado «no existe, en la práctica, en el servicio de asistencia post penitenciaria ni correccionales; ningún programa que beneficia a los ex presos del sistema ni del nuevo modelo penitenciario». Pérez Sánchez hizo el señalamiento al hablar también en el seminario de Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y El Caribe.
Sin embargo, 26 años después de una reforma judicial, y justamente, en el Día del Poder Judicial, el pasado 7 de enero del 2003, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, vuelve sobre el tema y dice que aún el 61% de la población en los centros penitenciarios no ha sido juzgada ni tiene sentencia.
Molina Peña reveló además que en el país hay más de 16 mil presos, sin juicio ni condena desde hace décadas, por lo que pedía la colaboración de todos para resolver ese problema.
“En el año 2020 la demora llegaba a 18,357 expedientes pendientes de decisión, algunos databan hasta del año 1982. Hoy ya fue resuelto el 100% de los expedientes pendientes de audiencia y fallo apoderados antes de 2019 por la Segunda Sala, Tercera Sala, Pleno y Salas Reunidas. La Primera Sala, que reportaba mayor mora, dejó resuelto el 73% de los expedientes”, explicó.
Y añadió que el modelo de la Suprema Corte estaba siendo replicado en todos los tribunales, reduciendo así el retardo judicial en todos los departamentos judiciales.
Empero, ante este dura realidad de más de 26 años sin resolver, Molina Peña proclama que están realizando acciones para garantizar una justicia que facilite el acceso pleno a las personas, teniendo en cuenta sus posibilidades y condiciones.
