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La compra y uso de vehículos en República Dominicana está sujeto a múltiples impuestos que en esta ocasión sugiero utilizar de forma estratégica para, como propuse en una ocasión anterior, empezar a electrificar el parque vehicular del país y reducir de forma material nuestra dependencia de la importación de combustibles desde el exterior para no sólo mitigar los efectos de las variaciones de precios en los mercados internacionales sino también mejorar nuestra balanza de pagos.
La Ley 103-13 redujo todos los impuestos de importación de vehículos de energía no convencional a 50%, yo sugiero exonerarlos en su totalidad y ofrecer créditos fiscales anuales a los dealers que los importen hasta un tope de $15 millones de pesos. En este escenario les seguiría aplicando el ITBIS pero se eliminarían aranceles, primera placa y el impuesto por CO2. En el caso de los vehículos que empleen combustibles tradicionales sugiero subir el arancel a 25%, la primera placa a 20% y duplicar los porcentajes que actualmente se le aplican por las emisiones de CO2.
Esta movilización hacia electrificar el parque vehicular tendría consecuencias buenas y malas para el bolsillo del Estado. Por un lado, esto permitirá al Estado reducir de forma sustancial, hasta su eventual eliminación, los subsidios al consumo que sólo en 2022 representaron $36.5 mil millones de pesos, mientras que por el otro lado los impuestos a los combustibles son una de las más importantes fuentes de recaudación para este (casi 10% del total de las recaudaciones), por lo que propongo que el Estado considere aumentar los impuestos fijos y ad valorem hasta duplicar su valor actual en 10 años.
Por otro lado propongo reintroducir el pago del 1% por el marbete de circulación, que fuera aprobado en la última reforma fiscal pero que nunca se aplicó. Es mucho más progresivo atar el impuesto de circulación de vehículos al valor de estos que a tasas fijas por año de fabricación, lo que tenderá a favorecer a la clase media y a los más pobres. Es un poco absurdo que vehículos de lujo paguen el mismo impuesto que un sedan ordinario por compartir años de fabricación.
Adicionalmente, el Estado debe evaluar agregar más estaciones de peaje y aumentar el costo de los peajes en las principales carreteras del país. No obstante las gestiones del Fideicomiso RD Vial que han mejorado de forma sustancial la calidad de nuestras carreteras y la atención a los conductores en las mismas, es evidente que las recaudaciones actuales no son suficientes para seguir expandiendo nuestra red de carreteras y hacer las adecuaciones y expansiones que necesitan las que ya existen.
Los impuestos a los combustibles no deben verse únicamente por su valor recaudatorio, sino por el factor estratégico de su aplicación en la economía del país. Estar a la merced de la fluctuación de los precios de los combustibles en los mercados internacionales no es sólo un problema económico o político, sino un tema con repercusiones en la seguridad y estabilidad nacional. Mitigar este riesgo promoviendo la electrificación del parque vehicular del país es crítico, y desde esa perspectiva debe ser abordado en una eventual reforma fiscal.
