La Junta Central Electoral (JCE) advirtió ayer sobre el cumplimiento obligatorio de la resolución 38-23 que prohíbe la ejecución de planes de apoyo social o comunitario hasta después de las elecciones del 19 de mayo, incluido otorgamiento de bonos, tarjetas y beneficios especiales bajo cualquier modalidad.
Esa resolución, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de campaña electoral, ordena también suspender el otorgamiento de pensiones, aumento en las nóminas de la administración pública y de entidades autónomas o descentralizadas y en alcaldías que procuren promover candidatos.
Al Gobierno le corresponde acatar de inmediato y en todas sus partes el mandato de la JCE -aunque luce tardío-, a los fines de garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los postulantes puedan contar con iguales condiciones de competición, lo que no podría lograrse si desde el litoral oficial tiran puertas por las ventanas.
Entre las acciones oficiales que podrían contaminar el principio de igualdad en el tramo final de la contienda electoral figura el anuncio de que el Gobierno otorgaría un bono especial con motivo de la celebración del Día de las Madres, a celebrarse once días después de las votaciones.
También se requiere suspender la distribución de nuevas tarjetas Supérate, ampliación del programa de distribución de comida cruda o procesada por parte de los Comedores Económicos, en el entendido que la desigualdad social o la pobreza extrema no se conjugarían en dos semanas.
No parece difícil que instituciones oficiales suspendan hasta después de las elecciones los programas de reconstrucción de viviendas, distribución de madera y zinc o la pavimentación de pisos de tierra y calles interiores, aun cuando se admita que para este tiempo se desborda la vocación de servicio de muchos funcionarios.
Los fondos “barrilitos” y “cofrecitos” o los recursos de ayuntamientos y juntas municipales, no deberian ser dilapidados en labores proselitistas por legisladores o alcaldes oficialistas o de oposición que procuran reelegirse o para que sus respectivos partidos resulten gananciosos.
Estas elecciones representan mucho para el fortalecimiento de la democracia por lo que el Gobierno tiene el mayor compromiso de acatar en todas sus partes la resolución de la JCE que prohíbe el uso de fondos públicos para promover candidaturas oficiales.
A lo que se aspira es a comicios libres, limpios y concurridos, donde todos compitan en condiciones de igualdad y equidad.
