La Fundación Primero Justicia se querelló hoy contra el vicepresidente de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), Andrés Astacio, por alegadamente esas compañías adjudicar contratos de grado a grado a oficinas de abogados ajenos a la lucha contra la corrupción, por la suma de alrededor de 7 millones de dólares, y por pagar más de 3 mil millones de pesos a espalda del consejo de administración, supuestamente cumpliendo orden de un ministro palaciego de quien se reservó el nombre.
Astacio fue sometido conjuntamente con los abogados Miguel Valerio Jiminián, Luis Julio Jiménez y Ramón Emilio Núñez, por supuestamente cometer violación a la Lay de Compra y Contrataciones, prevaricación, asociación de malhechores y otros tipos penales, mediante la supuesta adjudicación de contratos grado a grado, que obligan a Edesur, Edenorte y Edeeste a pagar a cinco oficinas de abogados más de 6,915 dólares, y sin autorización del Consejo de Directores.
La Fundación, de la que fungió como vocero el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, detalló que dichas distribuidoras también autorizaron pagar hasta la suma RD$3,000,000,000.00, equivalentes al 6% del monto recuperado partiendo de los daños, estimados en RD$50,000 millones de pesos, en violación de la Ley de Compras y Contrataciones.
Señaló que las contrataciones públicas están siendo utilizadas por bandas dedicadas a la sustracción de fondos del Estado mediante operaciones fraudulentas para darle apariencia de legalidad a sustracciones de fondos.
“Llamamos la atención al presidente Luis Abinader para que no se deje sorprender ni dañar su gobierno por parte de un ministro que desde el Palacio está operando para beneficiar a grupos económicos contratando a los abogados de ese grupo económico, para granjearse favores para supuestas aspiraciones presidenciales”, sostuvo Surún, quien no reveló el nombre de ese ejecutivo palaciego.
Manifestó que tiene la seguridad de que dichas acciones no cuentan con la anuencia del presidente Luis Abinader, “hombre honesto, con un verdadero proyecto de nación, que no puede ser torpedeado por uno de sus ministros, que pretende endosar el Estado dominicano a un grupo económico, ejerciendo amenazas y chantajes a otros funcionarios, para que actúen en violación a la Ley.
La Fundación Primero Justicia llamó al Ministerio Público para que defienda el patrimonio estatal y que inicie las pesquisas de lugar.
