EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
El programa intensivo de vacunación convocado por el Gobierno se convirtió en una jornada colectiva con la participación de partidos, empresariado, gremios, sociedades médicas, instituciones académicas, centrales sindicales y la mayoría de la población, por lo que puede decirse que afloró un gran consenso nacional.
Lo que ha ocurrido demuestra que la sociedad dominicana consolida un estadio de madurez social por el que brega desde 1994 cuando la crisis electoral colocó a la nación al borde de una guerra civil, que se evitó con la firma por parte del liderazgo político de un Pacto de Solidaridad Democratica.
Para entender la trascendencia de esta confluencia de voluntades que elevó a casi cinco millones el número de vacunados contra la Covid-19, se requiere colocarla en el contexto actual de América Latina, matizado por disidencia social, inestabilidad política y agravamiento de crisis sanitaria y económica.
Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Brasil y Venezuela padecen hoy de una combinación cuasi letal de drama sanitario, crisis económicas y afectación política, matizado con violencia social y represión gubernamental.
Aquí también la pandemia agrietó severamente al edificio de la economía que cayó en marzo del año pasado un 28.4%, con la suspensión de un millón 114 mil puestos de empleos formales y obligó al gobierno a un sobre endeudamiento de más de seis mil millones de dólares, pero no se desataron conflictos sociales.
A golpes de propia realidad o de tozudez de los hechos, clase política y sector empresarial, las dos principales fuente de poder en la estructura social parecen entender que por el camino de la prevención se llega más fácil a la obligatoria concertación que transitar pedregosos senderos de confrontación.
Lo más relevante de la exitosa jornada de inoculación ha sido que la población entendió que para preservar la salud y la economía hay vacunarse, y que los partidos de la Liberación (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC) ofrecieron sus locales para instalar centros de vacunación.
No se exagera si se afirma que las condiciones están dadas para mudar un paso más hacia una concertación política, social y económica de mayor envergadura y alcance para lograr consenso en torno a una reforma fiscal justa y equitativa que impuse la celeridad del crecimiento económico y del desarrollo social.
Gobierno, liderazgos partidario y empresarial deberían estar conscientes de que ya no es posible imponer agendas de particulares intereses, no sin que aquí se reedite el drama de Colombia o de Chile, por lo que sería más saludable dialogar y recomponer la carga social, en vez de reprimir justas protestas que se multiplicarían como verdolaga.
JPM
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