La Conferencia Mundial del Agua, de la ONU, en New York en 2023, explicaba como en América Latina y el Caribe, 25% de la población carece de acceso al agua potable y 66% de acceso y servicios de saneamiento seguros, con un llamamiento a la acción a todos los gobiernos de la región.
En nuestro país históricamente existe el grave problema de acceso al agua potable, con casi 50% de las personas sin posibilidad de contar con ese servicio que, junto al saneamiento seguro, son la base de la vida misma.
En República Dominicana se agrava el problema por la mala calidad de los servicios desde la administración del Estados, aún teniendo la obligación satisfacer las necesidades colectivas de manera regular y continua que son necesidades humanas fundamentales.
La pésima atención va asociada a una cultura atravesada por la profunda corrupción de las prácticas políticas apoyadas tradicionalmente en el intercambio de favores entre titulares de cargos políticos y adláteres votantes que consume presupuestos en su provecho en detrimento de mejorar la calidad de vida social.
Las servidoras públicas de agua potable y saneamiento en el país funcionan igual: en un sistema que prioriza los beneficios privados de la “clientela”, en nóminas y nominillas, falta de transparencia, desorden, pago a la mayoría de los medios de comunicación, falseamiento de datos, insensibilidad por el bien común y desconocimiento de sus obligaciones.
Eso, los sufrimos las personas usuarias cuyas experiencias negativas frente al servicio trasciende a comunidades “abandonadas”. Pesadillas verdaderas que debemos analizar como increíbles a estas alturas de la “firmadera” de acuerdos internacionales, nacionales, entre políticos y pueblo, etc.
En Santiago, para el reclamo por el servicio alterado, en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado (Coraasan), hay que “atosigar” al técnico/funcionario que responda alentadoramente -que sí los hay- porque no existe un espacio serio de respuesta al cliente y de quejas al servicio eficiente.
Las soluciones se dejan al desfile de “brigadas”, conformadas por cuatro y más “especialistas” con opiniones diferentes acerca del origen de la “avería”, para terminar -además de pagar religiosamente la cuota correspondiente- con un gasto excesivo en el estirado presupuesto doméstico.
“Se abrirá una acometida adecuada para la zona” es la promesa recurrente y viejísima, mientras se fortalece el negocio de la venta de camiones de agua -un verdadero robo- del que las personas usuarias y con cisterna agregan a su costoso vivir. Y sin al menos una docena de artilugios, cisterna, bomba, tanques, etc., Dios/a acoja al pueblo!
