Las fuerzas de oposición representadas en el Congreso no estaban en ánimo de aprobar una nueva extensión del estado de emergencia que, por un año y tres meses, ha regido en el país y eso parece explicar el cese de su vigencia el lunes.
El gobierno, seguramente advertido de que no había clima propicio para extenderlo, adelantó su posición de no procurar renovarlo, asumiendo de hecho todas las consecuencias que pudiera traer el desmonte de las medidas restrictivas.
Sin ese marco de excepción, no puede haber compras de emergencia sin las limitaciones que impone la Ley de Compras y Contrataciones, no puede restringirse el libre tránsito de personas ni las actividades comerciales, así como tampoco imponer la obligatoriedad de medidas o precauciones frente a la pandemia del Covid.
Lo irónico es que todo el andamiaje legal y coercitivo que por meses reguló la estrategia de lucha contra el coronavirus será desmontado justo en el momento en que asoman los indicios de un fuerte rebrote que, como en el pasado, exigirá de respuestas sanitarias rápidas y eficientes.
Uno de los principales soportes de esa estrategia es la vacunación de la mayoría de los ciudadanos, un objetivo que no ha podido lograrse pese a todos los esfuerzos disuasivos para convencer a la población de que se inocule y se proteja mejor.
El uso de las mascarillas protectoras de las vías respiratorias y el distanciamiento físico entre personas, tanto en lugares abiertos como cerrados, dependerá más de la voluntad y la responsabilidad y el nivel de conciencia de los ciudadanos que de las imposiciones gubernamentales.
Habrá que esperar que el gobierno revele cuáles respuestas tendría para enfrentar la pandemia sin este marco de restricciones. Al bajar la guardia de las precauciones, seremos rehenes impotentes del Covid, con todas sus funestas consecuencias.
