Tras 11 meses de iniciado, el desteñido proceso sobre los sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación concluyó el jueves su primera fase rodeado de la misma bruma que lo ha acompañado desde un principio.
El escándalo no es que no haya condena, sino que el pago de los 92 millones de dólares en sobornos reconocido por la constructora quede impune por maniobras políticas de la Procuraduría General de la República.
Salvo el Ministerio Público, que ha defendido la acusación contra los imputados, las pruebas, como anticipó la hoy procuradora general de la República, Miriam Germán, han brillado por su ausencia.
Existe también la duda de que, en todo caso, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Ángel Rondón fueran los únicos que recibieron los 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña para las obras.
El fallo de las magistradas Gisell Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo podría representar para el Ministerio Público, que ha defendido su investigación, haber efectuado el papelazo del siglo, mientras el pueblo cargó con el costo de las sobrevaluaciones.
