Gran sorpresa provocó la “iniciativa” de la Gobernación de Dajabón cuando entregó 170 carnés a jornaleros haitianos para que pasen la frontera y trabajen en parcelas dominicanas.
Lo que parecía una solución salomónica para que productores agrícolas cuenten con trabajadores para hacer florecer la agropecuaria, se convirtió, de hecho, en una flagrante violación de ley por parte de la misma autoridad.
Menos mal que la Dirección General de Migración, enterada de ese adefesio por la publicación del Listín Diario, ordenó cancelar ese disparate mayúsculo.
La Ley de Migración y la Constitución de la República establecen muy claramente las condiciones en que extranjeros pueden penetrar al territorio nacional y en ningún caso esa autoridad se delega o se transfiere a gobernaciones.
Si la Gobernación de Dajabón se atrevió a otorgar carnés para entrar y salir del país, ¿qué les impediría hacerlo a las de Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y Pedernales?
Y si esas “iniciativas” se extendiesen a lo largo de la frontera, ¿quién garantizaría que esos obreros permanezcan durante la jornada en los predios agrícolas y no alcancen ciudades para cambiar de oficio?
Lo que hizo la Gobernación de Dajabón fue una improvisación dañina, en la frontera, contra la soberanía nacional y nadie con sano juicio puede permitir ese tipo de acción.
En la frontera comienza la Patria, la soberanía, la dominicanidad y allí, ni gobernadores ni soldados, pueden ensuciar las leyes y muchos menos, la Constitución.
El presidente Luis Abinader ha mantenido una posición firme para no permitir que se vulnere la soberanía nacional ni se dicten pautas externas que la socaven, por lo que mal podría permitirse que sus funcionarios arruinen su apreciado empeño.
Cuidado con ese tipo de “iniciativas” en Dajabón y en cualquier otro territorio.
