El autor es economista, analista de Relaciones Internacionales y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo..
Ningún país sobrevive cuando sus instituciones y servicios públicos manejados o supervisados por el Estado obedecen a directrices cuasi criminales, con incidencia altamente perjudicial para su población.
El impacto de los abusos en que se incurre resulta doblemente ofensivo, pues no solo se trata de medidas dolosas que afectan al ciudadano directamente, sino que, además, van socavando hasta destruir la sagrada confianza depositada en las autoridades a través del voto, afectando la transparencia y credibilidad del Estado, la democracia y la supuesta igualdad de todos ante la ley consagrada en la Constitución.
En el caso que expongo a continuación, el Poder Ejecutivo es cómplice intelectual de la fechoría, pues es quien autoriza las directrices y otorga una percibida patente de corso a instituciones estatales para que actúen con una obvia impunidad pasiva.
No es cierto que el director de empresas como las EDE, y en este caso en particular EDENORTE, se arriesgaría a implementar medidas criminales sin el consentimiento del Ejecutivo, sobre todo cuando sabemos que están destinadas a sustituir los ingresos dejados de percibir a raíz de la fracasada implementación del funesto Pacto Fiscal en medio de una crisis global.
Para todos es harto conocido el manejo de otras variables que desangran el bolsillo del pueblo, tales como los altos precios de los combustibles y de la canasta familiar, ambos de consumo generalizado entre la población, pero cuyo efecto en términos económicos es altamente regresivo, ya que impacta mas al pobre que al rico, debido a que su base de ingresos es considerablemente menor.
Como un típico y repetitivo ejemplo puntual de lo anterior, expongo el siguiente caso: Durante los últimos tres años, el consumo de electricidad en un determinado hogar con paneles solares instalados para algunos usos como piscina, enseres eléctricos de bajo consumo con sistemas °inverter°, luces con bombillos de bajo consumo y, en fin, aplicando las medidas que implementaría cualquier persona consciente de la necesidad de ahorrar energía, tanto por el bolsillo como por el planeta. Sobre quienes han vivido en otras latitudes (y longitudes) donde el aire acondicionado no se usa a menos que el calor resulte insoportable, ni lo menciono, ya que resultaría irrelevante en este caso.
Pues en el caso a que nos referimos, el consumo mensual de electricidad en ese hogar durante los últimos dos o tres años ha oscilado entre 4 mil a 6 mil pesos mensuales. Pero ¡vaya sorpresa! Pues resulta que la factura más reciente supera los 20 mil pesos, justificada, supuestamente, con la risible e imposible cantidad de 1446 kwh de consumo eléctrico durante el mes de enero.
Luego de analizar fríamente el asunto y de algunas indagaciones, llegué a una obvia conclusión: ya empezaron a expandir las medidas recaudatorias (Pacto Fiscal) de una manera selectiva y política, y a partir de ahora el monto de la factura eléctrica no dependerá del consumo, sino de la supuesta opulencia y/o tamaño de la vivienda, y por supuesto, de la afiliación política del propietario y/o inqulino. La pregunta es: ¿hubo mas consumo en enero? No, por el contrario, prácticamente no hubo consumo, porque esa casa no estuvo habitada por varios días, y el propietario tiene dudas, muy serias dudas, de que sus perros hayan aprovechado la larga ausencia de su amo para pasar el día y la noche viendo televisión con el aire acondicionado en 16 grados.
Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que la facturación es selectiva? Fácil, pues en diciembre próximo pasado la empresa EDENORTE cambió el contador de esa casa, sin motivo aparente alguno (hecho corroborado por esa misma institución) y, pese a que el contador número 14513609 que fue removido funcionaba a la perfección, se procedió a instalar uno amañado, el número 76905781, con la obvia y malsana finalidad de que el resultado fuera un supuesto “aumento de consumo”. Ese nuevo contador ha sido bautizado con el nombre de “Súper Contador Agente del Pacto Fiscal Encubierto°.
En vista de todo lo anterior, el propietario de esa casa se dispone a dar todos los pasos correspondientes, de acuerdo con las leyes y normativas que regulan el suministro de electricidad en el país, aunque, de ser necesario, transmigrará al opaco estadio de lo legal.
Este país debe conocer la manera engañosa y fraudulenta en que se conduce el gobierno del Sr. Luis Abinader, y de la forma en que atenta contra los intereses y derechos de la población. ¡El pueblo dominicano tiene derecho a saber la verdad!
