MP aún no se pronuncia sobre querella de supuesta estafa en las Ede — El Nacional
Santo Domingo.-El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha respondido, más de seis meses después de haber sido apoderada de la querella del presunto entramado criminal contra las empresas que estafaron al Estado a través las Empresas Distribuidoras de Electricidad, (EDE) con más de RD$ 20,000 millones.
La querella fue presentada ante el Ministerio Público el 15 de junio de 2021 contra Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que fueron parte del entramado mafioso contra las cuales se interpuso la querella.
También te puede interesar: Se querellan contra hermano y cuñado de Danilo y Bichara por presunta irregularidad en las EDE
La acción fue presentada por Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDE, quien informó que la querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público el supuesto entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República.
El documento fue recibido por el director de la Pepca, Wilson Camacho, la cual fue calificada de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios, por los sustentantes de la misma.
Astacio consideró que presentaba la acción judicial porque debido a las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.
Dijo que el supuesto entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.
